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Cumbre del Futuro: una oportunidad perdida

Futuro en Común ha participado en la Cumbre del Futuro, junto con las redes globales de la sociedad civil, en los Action Days y en la Asamblea Mundial de los Pueblos.

La Cumbre del Futuro había generado grandes expectativas como momento en el que revitalizar el multilateralismo; necesario para dar una respuesta globalmente coordinada a los ingentes desafíos planetarios que afrontamos, orientando nuestro mundo hacia la senda de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, tal y como se vaticinaba, no se ha aprovechado la oportunidad y la comunidad internacional no ha estado a la altura. 

El Pacto para el Futuro, principal resultado de la Cumbre (junto con sus dos anexos: El Pacto Digital Global y la Declaración de las Futuras Generaciones) fue adoptado por consenso, si bien, en el último momento, la Federación Rusa y otros seis países presentaron una enmienda sobre la no intervención de Naciones Unidas en asuntos de jurisdicción interna estatal. En la exposición de la enmienda se hacía una dura crítica al Pacto y se decía que “ningún país miembro de la ONU está satisfecho con el texto”. Finalmente la enmienda no fue aprobada, tras la intervención en contra del Grupo Africano. Por otro lado, tras la aprobación del Pacto, varios países se desmarcaron del mismo (como Argentina y Venezuela).

Se consiguió la aprobación del Pacto, sin embargo, gran parte del contenido más ambicioso se había diluido ya en la versión final. El texto firmado no incluye ningún acuerdo sustancialmente innovador, ya que apenas reafirma compromisos ya adquiridos en la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, pero poco más. Siendo conscientes de la necesidad de intensificar los esfuerzos para enfrentar las múltiples crisis que nos afectan, en estos tiempos de retroceso que vivimos, el solo hecho de mantener los compromisos formales, se percibe con alivio. Lo que no deja de ser tremendamente problemático.

La necesaria y esperada reforma del Consejo de Seguridad,  para que sea más representativo, inclusivo, transparente, eficiente, eficaz y democrático y tenga más rendición de cuentas, queda apuntada en la acción 39 del Pacto. Sin embargo, obvia elementos clave y hay mucha indefinición sobre su concreción ya que no se especifica cómo ni cuándo se llevará a cabo esta reforma o qué forma concreta tomará. Las negociaciones continuarán en las Negociaciones Intergubernamentales y se espera una ampliación del Consejo de Seguridad para incluir países africanos y de otras regiones infrarrepresentadas. Y aunque se menciona la limitación del  uso del veto, va a poder seguir usándose ante resoluciones creíbles sobre violaciones graves como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. 

A pesar de los seis párrafos dedicados a la reforma de la arquitectura financiera internacional (acciones 47-52). donde hay compromisos en torno a la representación en los órganos de toma de decisiones, la canalización de recursos tanto para el financiamiento climático como para los ODS, y bajo qué términos se proporcionarán los recursos; tampoco en este campo hay mucho que celebrar. En este sentido, nos sumamos al llamamiento del Mecanismo de la Sociedad Civil para la Financiación del Desarrollo para que la Conferencia de Financiación para el Desarrollo corrija el rumbo marcado por el Pacto y camine hacia un proceso intergubernamental para revisar y transformar las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo. En esa conferencia, que se celebrará en Sevilla en 2025, esperemos que el Gobierno de España pueda garantizar la participación de la sociedad civil y empujar por los compromisos ambiciosos que necesitamos para lograr un sistema financiero internacional más equitativo, representativo y eficaz, movilizar más recursos para los territorios y personas en mayor situación de vulnerabilidad con criterios de justicia histórica, hacer frente a la crisis de deuda o avanzar hacia una fiscalidad global más equitativa que permita cerrar brechas y contribuir a recaudar los recursos necesarios para que nadie se quede atrás.

En relación a la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de la ONU, el Pacto se limita a reconocer su rol en la construcción de la paz y a comprometerse a mantener un diálogo y un intercambio de información continuos, pero no avanza hacia su inclusión significativa, lo que resultaba esencial para responder al creciente arrinconamiento que está sufriendo como señala la iniciativa UNMute. Este esfuerzo colaborativo  (promovido por organizaciones de la sociedad civil global entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Oxfam, CIVICUS, Forus, Greenpeace o Human Rights Watch y apoyado por algunos estados) denuncia que las voces de la sociedad civil se están relegando a la periferia, con desafíos que van desde el acceso limitado en sesiones clave de la ONU, como la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General, hasta la participación restrictiva en otros foros clave de la ONU, como el Foro Político de Alto Nivel, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), la COP y el Foro de Gobernanza de Internet. Y subraya la necesidad de pasar de un reconocimiento simbólico a una participación activa y equitativa

Además, el documento del Pacto no es claro respecto a los próximos pasos, tanto a largo plazo como en el futuro cercano. Los Estados deben revisar la Agenda 2030 en 2027, lo cual está a la vuelta de la esquina, pero no cuentan con un análisis claro de sus fracasos ni de lo que deben hacer para alcanzar los ODS.  Si bien los compromisos adoptados por el Pacto son poco novedosos y tibios para lo que el momento exigía, se debe trabajar para que no queden en papel mojado. Por ello,se necesitan medidas vinculantes y medidas sólidas de rendición de cuentas que garanticen el cumplimiento de las promesas hechas y que se  impulsen mecanismos claros y aplicables. Y esto es algo de lo que este Pacto carece.

La sociedad civil vamos a seguir presionando tanto en las esferas internacionales como a nuestros estados para elevar la ambición y hacer que se cumplan los compromisos internacionales existentes.