En las próximas elecciones vamos a elegir a quien nos representará en el Parlamento Europeo durante los próximos 5 años. Futuro en Común, como parte de la sociedad civil europea, pensamos que estas representantes deben comprender la urgencia de la situación actual y deben intensificar el compromiso político con un cambio sistémico y coherente hacia un futuro próspero, que opere dentro de los límites de los recursos de nuestro planeta sin dejar a nadie atrás, y que consolide derechos y libertades a largo plazo, a pesar de las violencias y los discursos de odio, negacionistas y antiderechos.
Esto, en el actual contexto político se concreta en:
- Establecer una estrategia europea para la Agenda 2030. Tal y como plantea el Comité Científico Independiente (nombrado por Naciones Unidas) en su último informe “Tiempos de crisis, tiempos de cambio”, para poder alcanzar la Agenda 2030 es necesario establecer planes de acción integrales que se constituyan en una hoja de ruta central en el conjunto de las acciones de gobierno y capaz de orientar las transformaciones que necesitamos para avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible. La estrategia debe garantizar también un mecanismo de diálogo estructurado entre el ejecutivo de la UE y la sociedad civil, para la rendición de cuentas de sus compromisos de sostenibilidad, además de contar con una financiación adecuada para dirigir los recursos fiscales hacia las transiciones que hace falta acometer y hacia los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad. La Cumbre de Financiación del Desarrollo de 2025 será una excelente oportunidad para que la UE tenga un papel destacado en movilizar los recursos necesarios a nivel global para financiar las transiciones necesarias para alcanzar el modelo de desarrollo que propone la A2030.
- Garantizar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS). La consecución del modelo de desarrollo propuesto por la Agenda 2030 sólo será posible si se establece un sistema integral de CPDS para la UE que asegure coherencia de todos sus instrumentos, alineados bajo la estrategia mencionada en el punto anterior, y que aproveche las sinergias entre los principales marcos políticos, legislativos y financieros de la UE, incluidos el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el Pacto Verde Europeo. Pero esta coherencia tiene que darse también hacia fuera de nuestras fronteras, garantizando que las inversiones realizadas a través de instrumentos como el Global Gateway u otras dirigidas a terceros países, apuntalan el modelo de desarrollo marcado por la Agenda 2030. La UE debe asegurar que todas las políticas tengan realmente en cuenta sus repercusiones sociales y medioambientales directas e indirectas, incluidas las que afectan a las mujeres y a la infancia, a la mayoría de la población mundial y a las personas estructuralmente excluidas.
- Avanzar hacia un Pacto Verde Europeo justo, que no deje a nadie atrás, abordando las lagunas de ambición en materia de naturaleza, clima y contaminación mediante el establecimiento de objetivos sólidos y jurídicamente vinculantes y de nuevas y ambiciosas medidas para descarbonizar la economía y restaurar la naturaleza europea, basadas en los últimos avances científicos disponibles. La UE puso en marcha el Pacto Verde Europeo en 2019. Aunque todavía está lejos de su promesa inicial, la priorización de una «Europa climáticamente neutra, verde, justa y social», representó un cambio notable en la formulación de políticas. A pesar de los esfuerzos actuales, con el Paquete Fit For 55 o la ley de restauración -todavía sin aprobar-, alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París y los objetivos de biodiversidad del Acuerdo de Kunming – Montreal requiere una mayor ambición en Europa. Sin embargo, en los últimos meses se han reducido o suprimido salvaguardas ambientales existentes o dejado en suspenso nuevas leyes ecológicas como consecuencia de discursos que alimentan una reacción contra la acción climática y que oponen la política ambiental a la protección social y a un coste de la vida viable. La ciencia y el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) nos muestran que retrasar la acción climática no es una opción si queremos proteger el sistema de soporte vital de nuestro planeta y evitar catástrofes e impactos relacionados con el cambio climático. El informe de 2023 del Comité Científico Independiente también apunta a hacer esta transformación de manera coherente y articulada con la transición social.
- Reducir la huella material europea. La UE representa menos del 6% de la población mundial, pero utiliza entre el 70% y el 97% del «espacio operativo seguro» disponible para todo el mundo. Se necesitarían 3 planetas para satisfacer la demanda de recursos globales si todas las personas en la Tierra vivieran con el mismo nivel de consumo que los habitantes de la UE. Esto no sólo es insostenible, sino irresponsable. Por lo tanto, la UE debe esforzarse más por ser consciente de estas prácticas insostenibles y del impacto de las políticas de la UE en otras regiones, así como las implicaciones de nuestro modelo social y económico y cómo superarlas. Un paso clave es introducir un objetivo de reducción de la huella material de la UE del 70% para 2050. La UE no solo debe centrarse en la descarbonización, sino también en la desmaterialización y en invertir el intercambio ecológico desigual con otros países. Es fundamental avanzar en las iniciativas del derecho a reparar y ecodiseño para reducir nuestra dependencia de materiales y en la regulación del lavado verde para proteger a las personas consumidoras y permitir un modelo de consumo sostenible. Para ello es importante que haya nuevas métricas del bienestar que vayan más allá del PIB que permitan contabilizar lo que de verdad cuenta, la verdadera riqueza social y ambiental, y así, poder llevar a la práctica una economía al servicio de las personas y el planeta.
- Transformar el sistema alimentario europeo para que garantice la soberanía alimentaria de la UE y reduzca los enormes impactos negativos que tiene tanto ambientales como sociales y económicos. Urge retomar la Iniciativa marco de sistemas alimentarios sostenibles, de manera que proporcione una orientación común a todas las políticas alimentarias de la UE, que deberán asegurar una distribución equitativa de los beneficios, que los/as productores/as reciben precios justos, que se subvencionan sólo prácticas sostenibles de producción (agroecológicas, familiares), que los productos importados cumplan estándares europeos medioambientales y sociales, que se regula el uso de plaguicidas hasta reducirlo a la mitad y que se construyen entornos alimentarios en los que se facilite que las personas consumidoras puedan elegir alimentos saludables y sostenibles de manera asequible, penalizando la oferta de alimentos ultraprocesados, azucarados o de producción intensiva y poco sostenible. En este sentido, es necesario revertir el desmantelamiento de la arquitectura verde de la actual PAC y apostar por una más ambiciosa en la reformulación de 2027.
- Establecer un sistema fiscal que redistribuya riqueza para disminuir desigualdades, y que acompañe la transición ecológica justa. Para ello es imperativo que los contaminadores paguen ahora y que se establezca un impuesto europeo sobre las grandes fortunas. Este impuesto contribuiría a los recursos propios de la Unión y los ingresos permitirían ampliar y perpetuar las políticas europeas de transición medioambiental, social y de cooperación al desarrollo, en cofinanciación con los Estados miembros. Esta contribución se destinaría a combatir el cambio climático y las desigualdades, y permitiría una participación más equitativa de la ciudadanía europea en la consecución de estos objetivos. También es necesario armonizar (hacia los objetivos ambiciosos) las normativas fiscales sobre impuestos empresariales y rendimientos de capital. La Comisión debe trabajar para que todos los Estados miembros cumplan con la reciente aprobación de un impuesto de sociedades mínimo del 15% y que lo implementen lo antes posible. Además, la Unión Europea debe avanzar en la armonización y transparencia fiscal de todos sus Estados miembros para evitar la opacidad fiscal y promocionar acuerdos internacionales frente a los paraísos fiscales y los sofisticados mecanismos de evasión de nuestras empresas en el mundo.
- Aumentar de manera significativa las inversiones públicas en medio ambiente y políticas sociales, al tiempo que se alinean todas las inversiones públicas y privadas con los objetivos de una transición ecológica justa, de garantía de derechos sociales básicos para todas las personas y de lucha contra las altísimas tasas de pobreza, en particular la pobreza infantil. Para ello es necesario que las nuevas reglas fiscales consideren como inversión pública prioritaria aquella llevada a cabo en los sectores esenciales para la vida como son la salud, la educación, los cuidados, el transporte público, el derecho al acceso a la vivienda, alimentos, agua y energía. En detrimento de la priorización que se está dando en la actualidad al gasto militar.
- Reconocer, valorar y democratizar el trabajo de cuidados, habitualmente invisible y desarrollado por mujeres. Un trabajo que es imprescindible para la sostenibilidad de la vida y para que existan las otras dimensiones económicas. Y para ello hay que asegurar la correcta implementación de la Estrategia Europea de Cuidados basándose en tres ejes fundamentales: fomentar el papel de las instituciones públicas y de la comunidad incluyendo la Economía Social y Solidaria, revalorizar y profesionalizar el trabajo de cuidados (incluyendo el impulso de la ratificación del Convenio 189 de la OIT por todos los países de la Unión) y avanzar hacia sistemas integrales público-comunitarios de cuidados.
- Reforzar la gobernanza de la UE, la democracia y la participación efectiva de la sociedad civil. La sociedad civil actúa como vigilante, haciendo que las y los responsables políticos rindan cuentas. Para que este rol pueda mantenerse, es necesaria una mayor transparencia, que facilite el seguimiento de la acción e inversión pública, así como contrarrestar la reducción del espacio cívico que está sucediendo en muchos países de la UE, mermando los derechos de participación y protesta. Resulta especialmente intolerable la criminalización del activismo ecologista en países como España o Francia; del activismo feminista y por los derechos humanos en muchas partes de europa; y de las personas migrantes y refugiadas, agudizada por el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que induce a la criminalización de las personas que «de manera directa o indirecta colaboran» con los procesos migratorios.
- Frenar la actual escalada militarista adquiriendo un compromiso real con el concepto de seguridad humana que promueve las Naciones Unidas frente a las tendencias basadas en la securitización, abogando por un avance hacia la desmilitarización, reduciendo el gasto militar y redirigiendo los recursos para financiar las transiciones ecológica, democrática, económica y social. Bajo el objetivo de defensa de la paz, debe promoverse de forma activa la resolución pacífica de los conflictos en curso y ayudar a evitar nuevas guerras a través del esfuerzo político, social y diplomático, con especial hincapié en la defensa de los derechos humanos, las convenciones internacionales que los recogen y el derecho internacional.
- Avanzar hacia una Europa inclusiva y feminista. Es necesario que todos los Estados miembro ratifiquen el Convenio de Estambul, y que se trabaje en una Directiva para avanzar en una concepción más amplia y profunda de las violencias, independientemente de quién las perpetre (más allá de la pareja o ex-pareja) y considerando la violencia física, psicológica y sexual. Es necesario armonizar en toda la UE las definiciones de violencia sexual y de género y, particularmente, adoptar un marco jurídico común que tipifique la violación como delito desde una definición basada en la ausencia de consentimiento. Además, la UE debe garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en cualquier parte de su territorio. También debe ponerse especial atención en garantizar mecanismos seguros de denuncia para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, evitando las dobles y triples victimizaciones que sufren. Asimismo se debe luchar activamente contra todas las discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito laboral, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado y atajando la brecha salarial.
- Garantizar los Derechos de la Infancia. La próxima Comisión Europea deberá renovar su compromiso de dar prioridad a los derechos de la infancia, garantizando una gobernanza sólida en esta materia, revisando la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y asegurándose de que se aplica de forma efectiva a través de planes de acción nacionales y de la UE, que deberán contar con los recursos y el seguimiento adecuados. También dando prioridad a la lucha contra la pobreza infantil apoyando la adecuada financiación, aplicación, seguimiento y evaluación de la Garantía Infantil Europea.
- Garantizar una implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo coherente con los Derechos Humanos En este sentido es prioritario asegurar la implementación de un Mecanismo Nacional de Seguimiento Independiente. Mientras tanto es necesario asegurar la participación de la sociedad civil en el diseño y evaluación del Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Además, necesitamos priorizar la implementación equilibrada de toda la legislación derivada del Pacto Europeo de Migración y Asilo y del Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS) en línea con los derechos fundamentales, vigilando y monitoreando su aplicación efectiva, incluyendo la preparación de informes de implementación regularmente por parte de la Comisión, identificando deficiencias y mejores prácticas, y ofreciendo orientación para cumplir con los derechos fundamentales. El Parlamento Europeo debería llevar a cabo misiones periódicas a través de la comisión LIBE a los Estados miembros para una evaluación sobre la implementación y garantía de los Derechos Fundamentales, así como garantizar el uso de fondos de la UE para invertir en la mejora de los centros de recepción que reflejen los estándares más altos de la Directiva de Condiciones de Recepción (recast RCD) propuesta en 2016.
- Transitar hacia un marco de relaciones con los países del sur global (incluido un sistema de cooperación internacional europeo) basada en la justicia global y la reparación histórica, que proteja y promueva bienes públicos globales, la defensa de los derechos humanos, la cohesión social y reducción de las desigualdades, los feminismos, la protección de la sociedad civil, la lucha contra el cambio climático y las garantías de los países del sur para su adaptación al mismo. Es preciso también revisar de manera profunda los acuerdos de libre comercio que la UE ha impulsado históricamente, como el actual Acuerdo de libre Comercio UE – Mercosur. Así como velar por una aplicación de la Directiva de Diligencia Debida ambiciosa, que asegure evitar las violaciones de los derechos humanos de las empresas europeas en todos los puntos de las cadenas de valor y suministros a escala global. Además, debe haber un compromiso con una financiación climática justa. Los países de la U.E. deben afrontar sus responsabilidades históricas con los países y grupos más vulnerables frente a la emergencia climática y se han comprometido en diversos Foros internacionales a aportar financiación para una transición justa. Así la UE debe instar a sus miembros a que cumplan con las cantidades comprometidas en la COP27 para el Fondo de Pérdidas y Daños, así como el Fondo de Adaptación acordado en la COP26 de Glasgow. Además estos fondos u otros adicionales no deben ejecutarse vía préstamos para no contribuir a un mayor endeudamiento del Sur global
