Publicado originalmente en CuartoPoder el 7 de octubre de 2018.
- Sólo hay que ver que ya desde el año 2016 nuestro país tiene un PIB semejante al anterior de la crisis, pero con 1,1 millones de personas laboralmente activas menos
- Las medidas de corte neoliberal tomadas por los gobiernos europeos mayoritariamente se han limitado a un intento de reducir la capacidad contractual de trabajadores
Por Santiago González (USO), Antonio López (UGT) y Félix A. Ovejero (CCOO). Miembros del Observatorio ODS de Futuro en común
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional en el año 2015 se puso como tarea cumplimentar en el mundo de aquí al año 2030 está el 8º, Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. Todo un reto que nos insta a reorientar pautas de producción, consumo y distribución, teniendo que aprovechar el desarrollo tecnológico en un planeta de recursos finitos y afectado por el riesgo del cambio climático para lograr dar el testigo de su habitabilidad a las generaciones futuras.
Ese desarrollo sostenible sólo se dará bajo la premisa del trabajo decente. Éste es un concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo, donde actores empresariales, gubernamentales y sindicales acordaron que el trabajo decente aunase el pleno empleo, una retribución adecuada para satisfacer las necesidades de las personas trabajadoras y sus familias, negociado libremente, con protección social.
Posteriormente, la Confederación Sindical Internacional, donde se agrupan la mayoría de los sindicatos de todos los países, aprobó en su congreso fundacional la propuesta de divulgar, sensibilizar y reivindicar la necesidad del trabajo decente estableciendo una Jornada Mundial anual, el 7 de octubre y que está en el entorno de otra Jornada internacional, la de la lucha contra la pobreza y que en España se ha ampliado, con la inclusión de la lucha contra la desigualdad, que corresponde al 17 de octubre.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se entrecruzan y dependen unos de los otros, forman una agenda trasversal y universal, que afecta a todos los países. Cada país, cada sociedad tiene que velar por su cumplimiento.
En el caso de España y, en lo que se refiere al trabajo decente, tenemos graves carencias. Sólo hay que ver que ya desde el año 2016 nuestro país tiene un PIB semejante al anterior de la crisis, pero con 1,1 millones de personas laboralmente activas menos y, entre las que trabajan, ha aumentado el número de trabajadores y sobretodo trabajadoras a tiempo parcial (400.000), la mayoría de las veces de forma involuntaria. Es decir, tenemos una baja tasa de actividad y el cómputo de jornadas completas equivalentes de trabajo es bastante inferior al que había en 2008; una pérdida de masa salarial y reducción de su porcentaje en el PIB y el incremento de los beneficios empresariales. Esto con respecto al reparto primario de la renta en la que ha sido una pieza relevante la contrarreforma laboral del año 2012. Pero es que además, la recaudación fiscal ha basculado a mayores impuestos indirectos y con una caída en el impuesto de sociedades, a pesar del incremento de los beneficios empresariales, que ha llevado a que nuestro país sea el segundo de los países europeos donde ha crecido más la desigualdad. España recauda 7 puntos del PIB menos que los países de nuestro entorno y emplea 5 puntos menos en bienes y servicios públicos. Es decir, hay una redistribución muy limitada en el reparto secundario.
Las medidas de corte neoliberal tomadas por los gobiernos europeos mayoritariamente se han limitado a un intento de reducir la capacidad contractual de trabajadores y sindicatos para abaratar el factor trabajo y sus derechos previsionales, junto a medidas de limitar o reducir el gasto público, como fórmula para ser competitivos cara a terceros países y reducir el déficit. Esto ha ocasionado que la balanza comercial europea tenga superávit y haya aumentado la población en riesgo de pobreza y la desigualdad. Pero, en unos países más que en otros, dada la diferente estructura productiva, empresarial o de incorporación tecnológica.
La recuperación no está consolidada. La recuperación de gasto público en las diferentes parcelas, como dependencia o cobertura de desempleo, se tiene que poner como objetivo estratégico. La lucha contra el fraude y la elusión fiscal debe ser, junto a una mayor progresividad del sistema, la parte necesaria complementaria de la provisión de bienes y servicios públicos.
Como la de revertir la contrarreforma laboral.
Es muy necesario hacer nuestro el compromiso del trabajo decente en todo su significado. El trabajo es el que crea la riqueza y hay capacidad y conocimiento para que todos y todas podamos vivir mejor en este, nuestro planeta.
