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Poner fin a las violencias contra las mujeres para alcanzar la igualdad de género

Desde el inicio de 2020 hasta el momento de escribir esta noticia, un total de 21 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex-parejas. “Ya son 1054 las mujeres asesinadas por esta causa desde 2003, y 37 los menores asesinados desde 2013” podía leerse en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a mediados del mes de junio.

La situación a nivel global no es mucho mejor. Según la Organización Mundial de la SaludUna de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Eso convierte esta forma de violencia en la violación de los derechos humanos más extendida, pero también en una de las menos denunciadas. Es frecuente en tiempos de paz y estabilidad, pero los riesgos se multiplican cuando estalla una crisis”.

La pandemia de la COVID-19 confirma esta última afirmación de la OMS. Así, en los últimos meses, en México se ha observado que las denuncias relacionadas con la violencia de género se han incrementado más de un 30% y en Colombia se registró un aumento del 51% en la violencia intrafamiliar contra las mujeres. En España, por su parte, las llamadas al teléfono 016 se dispararon durante el confinamiento. En abril se registró un crecimiento del 60% en comparación con el mismo mes de 2019.

Las entidades que organizamos el ciclo de webinarios La igualdad de género para la (re)construcción de un mundo sostenible consideramos que para alcanzar la igualdad de género es imprescindible poner fin a las violencias machistas ya que constituyen la mayor manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La solución pasa, desde nuestro punto de vista, por transformar las normas sociales y los imaginarios que reproducen, normalizan y nutren las violencias machistas y su impunidad, reforzar el desarrollo y la implementación de leyes integrales y medidas urgentes y eficaces, entre las cuales están las de prevención, y asegurar que las supervivientes de violencia tienen acceso a servicios de apoyo de calidad, así como mecanismos de protección, justicia y reparación eficaces.

En concreto, a nivel estatal, como se desprende de nuestro documento de propuestas para la reconstrucción, debe blindarse legalmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando los principios del Convenio de Estambul del Consejo de Europa en la legislación. Deben acometerse, como decíamos anteriormente, cambios normativos para la prevención y erradicación de la violencia sexual, con reformas en el acceso a la justicia y medidas de protección y de reparación con un enfoque feminista y de Derechos Humanos, con presupuestos efectivos incluyendo mecanismos de rendición de cuenta claros y eficaces. El Gobierno de España debe, además, aprobar el proyecto de Ley Integral de Trato y Lucha contra la Discriminación y una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos.

A nivel internacional es imprescindible que la Cooperación Española contribuya a este fin, poniendo entre sus prioridades el ODS número 5 y especialmente la meta 5.2. “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

Durante el webinario El fin de las violencias contra las mujeres y su vinculación con nuevos modelos de relaciones sociales pudimos escuchar las visiones e ideas de cuatro expertas en esta materia.

Victoria Rosell, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, destacó varias cifras que ponen de manifiesto el largo camino que aún queda por recorrer: “el 5,9% de las mujeres españolas ha sufrido violencia sexual” y un 2% una violación, el 82% de ellas cometidas por conocidos.

En el ámbito de las soluciones destacó tres:

  • La visión desde los Derechos Humanos, lo que obliga a los Estados a legislar y aplicar políticas públicas adecuadas y suficientes.
  • Poner la violencia contra las mujeres entre las prioridades reales, dedicándole los recursos financieros necesarios.
  • Aplicar el principio de no discriminación que obliga a los Estados a detectar y eliminar los obstáculos añadidos a los que se enfrentan algunos colectivos: mujeres migrantes, niñas y mujeres con discapacidad, entre otras.

La Delegada recordó, asimismo, el papel del movimiento feminista: «Los cambios y mejoras legislativas en materia de violencias machistas no habrían sido posibles sin las movilizaciones feministas y contra la violencia sexual o sin las huelgas de 2018 y 2019″.

Helena Leitão, del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), destacó la importancia del Convenio de Estambul en el avance en la materia en numerosos países, especialmente en lo que respecta a servicios estatales.

Entre las medidas necesarias que deben aplicar los Estados para avanzar en materia de violencia de género destacó las siguientes:

  • Legislación que observe los acuerdos internacionales.
  • Planes nacionales y locales de acción en los que participen administraciones públicas, organizaciones de mujeres y medios de comunicación.
  • Formación para el personal que atiende a las víctimas de violencia (policía, judicatura y servicios sociales).
  • Recursos financieros y humanos suficientes.
  • Fomento de la autonomía económica de las mujeres a través del acceso tierra, propiedades, derechos de herencia, así como a través del fomento de la igualdad salarial.

María Naredo, especialista en violencias, destacó otros tres temas especialmente relevantes:

  • Hay violencias más allá del feminicidio como son las humillaciones machistas, el acoso callejero o el acoso en el trabajo que también requieren de atención.
  • No se puede olvidar la violencia que sufren las mujeres que migran. «Es especialmente preocupante, por lo desatendidas que están sus víctimas, la violencia contra las mujeres que migran, y cómo los efectos del cierre de fronteras afecta, por ejemplo, a la trata de mujeres», manifestó.
  • Hay que prestar mayor atención a la problemática de internet y las redes sociales donde proliferan violencias. En este sentido, destacó que, aunque algunas prácticas en el ámbito digital ya se han tipificado como delito, es imprescindible reforzar el trabajo desde un enfoque de prevención.

Mónica Novillo, representante de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia, resaltó que todavía no se ha incorporado la igualdad de género en los currículos escolares y que queda un amplio margen de mejora en lo que respecta a los medios de comunicación. En este sentido, afirmó que, a pesar del trabajo que han realizado las comunicadoras desde hace años sobre cómo abordar la violencia y los maltratos, no se ha logrado articular una alianza sólida con los medios de comunicación que siguen aplicando enfoques que culpabilizan a las mujeres de la violencia que sufren.

Desde su experiencia en América Latina quiso destacar la necesidad de atender a las particularidades de algunos colectivos muy numerosos en el continente como con las mujeres indígenas, las afrodescendientes o las que viven en el ámbito rural.

Os dejamos a continuación el vídeo del webinario completo:

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