Sentemos las bases de una sociedad resiliente, del bienestar y plenamente democrática
En Futuro en Común consideramos que la (re)construcción tras la pandemia de la COVID-19 no puede seguir las recetas de 2008, sino que debe aprovecharse el nuevo ciclo de planificación e inversión para encarar los cambios profundos que nuestro país y nuestro mundo necesitan. Es imperativo apostar por la transformación sistémica propuesta por la Agenda 2030 en la dirección de una sociedad más resiliente, justa, igualitaria y sostenible, con mayores garantías de derechos sociales a través del fortalecimiento de servicios públicos, transitando hacia un nuevo modelo energético, productivo y de consumo, nuevas relaciones campo-ciudad, relaciones de género igualitarias y una gobernanza global fortalecida.
Las medidas de salida post-crisis deben poner el foco en todas las personas y el medio ambiente, formulando políticas públicas con financiación suficiente de ámbito nacional e internacional, coherentes entre sí y con los principios del desarrollo sostenible, asegurando que en ningún caso la inversión pública vaya en detrimento de estos principios o los derechos humanos.
En este sentido, proponemos que la (re)construcción esté sustentada en los seis pilares siguientes:
- Caminar hacia un nuevo modelo económico que se centre en el desarrollo integral humano y sostenible y que potencie los sectores productivos comprometidos con el cuidado de la vida, el sostenimiento de la comunidad y del medioambiente. En materia laboral debe ponerse fin a la precariedad y a todas las discriminaciones, con especial atención a la basada en género.
- Garantizar un sistema de derechos sociales y de protección social sólido y eficiente: asegurar que el recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital tenga la cobertura necesaria para avanzar en la inclusión de la población más vulnerable, reforzar los sistemas públicos de salud, educación y vivienda y poner el cuidado en el centro de las políticas públicas.
- Una fiscalidad justa como motor del cambio. El sistema fiscal debe garantizar que se generan los recursos para aumentar la cobertura y el impacto de las políticas sociales, acompañar el proceso de transición ecológica de la economía y poner el foco en la reducción de las desigualdades. Debe, asimismo, luchar de manera efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal.
- Garantizar una sociedad libre de violencias e integradora. En este sentido es necesario reforzar el marco normativo y de planificación sobre la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación, violencias de género, violencias contra la infancia, violencia racista o delitos de odio y la trata de seres humanos. Todas estas cuestiones deben contar con presupuestos efectivos y reales.
- Avanzar hacia una sociedad plenamente democrática. Para ello es imprescindible derogar la Ley Mordaza, introducir en el sistema curricular formal la Educación por la Igualdad y la Ciudadanía Global y definir una estrategia de colaboración con la sociedad civil que incluya mecanismos de consulta y de participación en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas.
- Ejercer un liderazgo internacional desde el compromiso con una Agenda 2030 transformadora. El papel de España debe centrarse en la promoción de los Derechos Humanos, de la igualdad de género, la erradicación de las distintas discriminaciones, la emergencia ambiental, los bienes públicos globales y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Apostar por la implementación transformadora de la Agenda 2030 es construir una sociedad más coherente con el desarrollo sostenible, cohesionada, solidaria y resiliente, que puede vencer estreses como la presente pandemia, una crisis financiera o el cambio climático, sin repetir los errores del pasado y con una nueva normalidad que defienda a las personas y el planeta en un mundo en cooperación. ¡Es lo que necesitamos y es lo que nos merecemos!